QUITO. El juez Fabián Yánez (i) escuchó al abogado Ramiro Román, defensor de los veedores que realizaron el seguimiento de los contratos con el Estado, que se vincularon a Fabricio Correa
Por orden del juez encargado del Juzgado 5º de Garantías Penales de Pichincha, Fabián Yánez, los cuatro veedores que investigaron los contratos de instituciones estatales con empresas supuestamente vinculadas a Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa, están impedidos de salir del país.
Esa disposición fue dictada durante la audiencia de formulación de cargos, instalada ayer, dentro del caso por el supuesto delito de falso testimonio que inició el mandatario en contra de los veedores José Quishpe, Pablo Chambers, Gerardo Portilla y Víctor Hugo Hidalgo.
La diligencia duró una hora y quince minutos. Al final el juez Yánez acogió el pedido del fiscal Patricio Navarrete, quien solicitó que ordene medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. A partir del 28 de mayo próximo los cuatro veedores deberán presentarse cada 15 días al juzgado, además de la prohibición de salir del país.
Ramiro Román, abogado defensor de los veedores demandados por falso testimonio, dijo que estos no renunciarán a los pedidos de asilo político, solicitados en cuatro embajadas.
Durante la audiencia, Román solicitó al juez Yánez que no acogiera el pedido de medidas cautelares solicitado por la Fiscalía a fin de que sus clientes puedan acogerse a su defensa en total libertad. No obstante, el juez lo rechazó.
Según Román, si uno de los países (Costa Rica, Estados Unidos, Panamá e Inglaterra) a los cuales los veedores han pedido asilo político, lo concede y el Gobierno otorga el salvoconducto para que salgan del país, “se acaba el problema”.
De lo contrario, sostuvo Román, sus clientes mantendrán su representación ante el juzgado y el proceso iniciado por Correa no se detendrá.
A juicio de la Fiscalía, los veedores actuaron con temeridad y mala fe, considerando que basaron sus conclusiones de que el presidente sí conocía de los contratos con el Estado que se vincularon a su hermano mayor en declaraciones públicas del exministro de Obras Públicas, Jorge Marún, y en una declaración del mandatario al diario Hoy.
El defensor de los veedores insistió en que no existen suficientes elementos de convicción e indicios sobre la comisión de un delito. Y se quejó por no haber sido notificado con el cambio de juez para el trámite de esta causa. Yánez actuó en lugar del juez Raúl Martínez.
El fiscal Navarrete considera que Quishpe, Chambers, Portilla e Hidalgo sí tuvieron la intención de hacer daño, pues afirmó que los veedores insistieron en la supuesta existencia de un delito a sabiendas de que no era verdad.
Además, agregó que el informe de la veeduría fue entregado al contralor general, Carlos Pólit, cuando reglamentariamente debía remitirse al Consejo de Participación Ciudadana (CPC). Esto, según el fiscal, significa que se arrogaron atribuciones que no tenían.
Según la Fiscalía, los veedores adecuaron su conducta a los artículos 354 y 355 del Código Penal, que determinan una sanción de uno a tres años de prisión para el falso testimonio. “La pena será de 8 a 12 años de reclusión si ese delito se cometiere en causa penal, en perjuicio del inculpado”.
Esa disposición fue dictada durante la audiencia de formulación de cargos, instalada ayer, dentro del caso por el supuesto delito de falso testimonio que inició el mandatario en contra de los veedores José Quishpe, Pablo Chambers, Gerardo Portilla y Víctor Hugo Hidalgo.
La diligencia duró una hora y quince minutos. Al final el juez Yánez acogió el pedido del fiscal Patricio Navarrete, quien solicitó que ordene medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. A partir del 28 de mayo próximo los cuatro veedores deberán presentarse cada 15 días al juzgado, además de la prohibición de salir del país.
Ramiro Román, abogado defensor de los veedores demandados por falso testimonio, dijo que estos no renunciarán a los pedidos de asilo político, solicitados en cuatro embajadas.
Durante la audiencia, Román solicitó al juez Yánez que no acogiera el pedido de medidas cautelares solicitado por la Fiscalía a fin de que sus clientes puedan acogerse a su defensa en total libertad. No obstante, el juez lo rechazó.
Según Román, si uno de los países (Costa Rica, Estados Unidos, Panamá e Inglaterra) a los cuales los veedores han pedido asilo político, lo concede y el Gobierno otorga el salvoconducto para que salgan del país, “se acaba el problema”.
De lo contrario, sostuvo Román, sus clientes mantendrán su representación ante el juzgado y el proceso iniciado por Correa no se detendrá.
A juicio de la Fiscalía, los veedores actuaron con temeridad y mala fe, considerando que basaron sus conclusiones de que el presidente sí conocía de los contratos con el Estado que se vincularon a su hermano mayor en declaraciones públicas del exministro de Obras Públicas, Jorge Marún, y en una declaración del mandatario al diario Hoy.
El defensor de los veedores insistió en que no existen suficientes elementos de convicción e indicios sobre la comisión de un delito. Y se quejó por no haber sido notificado con el cambio de juez para el trámite de esta causa. Yánez actuó en lugar del juez Raúl Martínez.
El fiscal Navarrete considera que Quishpe, Chambers, Portilla e Hidalgo sí tuvieron la intención de hacer daño, pues afirmó que los veedores insistieron en la supuesta existencia de un delito a sabiendas de que no era verdad.
Además, agregó que el informe de la veeduría fue entregado al contralor general, Carlos Pólit, cuando reglamentariamente debía remitirse al Consejo de Participación Ciudadana (CPC). Esto, según el fiscal, significa que se arrogaron atribuciones que no tenían.
Según la Fiscalía, los veedores adecuaron su conducta a los artículos 354 y 355 del Código Penal, que determinan una sanción de uno a tres años de prisión para el falso testimonio. “La pena será de 8 a 12 años de reclusión si ese delito se cometiere en causa penal, en perjuicio del inculpado”.
Publicado por diario El Universo / 18-05-12
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